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Esta semana se anunció la resolución del contrato de Alto Piura con el consorcio. La paralización de la obra se debe a problemas con el expediente técnico, según el contratista.

POR ALVARO RONCAL
 

El futuro del proyecto Alto Piura sigue siendo incierto. La paralización de las obras por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi (COA) condujo al Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) —organismo del Gobierno Regional de Piura— a anunciar que dejará sin efecto el contrato. Para el consorcio, que enfrenta un desbalance patrimonial, la paralización del proyecto se debió a dificultades en la ejecución que no estaban contempladas en un inicio. Ambas partes recurrirán a un arbitraje iniciado por el consorcio ante la Cámara de Comercio de Piura.

DESBALANCE PATRIMONIAL
“El proyecto ha venido teniendo problemas de liquidez por un desbalance patrimonial causado por la sistemática denegación de ampliaciones de plazo al COA. Las ampliaciones de plazo se sustentaban en eventos no contemplados en el expediente técnico, como el cambio de tipo de roca”, indicó el consorcio en un comunicado enviado a SEMANAeconómica.

Al haber encontrado un tipo de roca distinto a aquel indicado en el expediente técnico, el consorcio afirma que tuvo que hacer inversiones de hasta S/100 millones de sus propios recursos para seguir avanzando con el proyecto, además de haber invertido los adelantos de recursos que el Peihap le otorgó. Esto le habría generado un desbalance patrimonial. “El desbalance patrimonial obligó al COA a incrementar su deuda con proveedores; parte de ellos son proveedores locales. Estas deudas comenzaron a incrementar la tensión y la falta de garantías en la zona llevó a la paralización del proyecto”, afirmó el consorcio.

Ante dicha situación, el COA solicitó ampliar sus plazos y recibir más adelantos de recursos del Peihap, sin éxito. “Era inviable ampliar el adelanto directo [de recursos] o ampliar los gastos generales, o reconocer ampliaciones de plazo pues están en arbitraje. Sus propuestas eran imposibles de atender dentro del marco de la ley”, indicó Marco Vargas Trelles, gerente general de Peihap, en una conferencia de prensa esta semana.

No obstante, el consorcio argumenta que la Ley de contrataciones del Estado permite entregar adelantos directos de hasta el 20% del valor del contrato, además de permitir adelantos de materiales hasta por el 40%. Aunque dichos adelantos se redujeron a 10% y 20% respectivamente, en el reglamento de la ley de contrataciones publicado el 10 de diciembre del 2015 —antes de la adjudicación del contrato—, éste toma como base legal el reglamento anterior, por lo que sí se considera las cifras de 20% y 40%, mencionadas por el consorcio. El 20% del monto total del contrato es S/99.2 millones; Vargas Trelles indicó en la conferencia de prensa que los adelantos directos otorgados por Peihap sumaban S/70 millones.

Ante la situación de desbalance patrimonial, Obrainsa-Astaldi asegura que buscó incorporar a un subcontratista calificado como tercer socio para que éste aporte el financiamiento de la obra, pero Peihap se habría negado. “El consorcio ha sido financiado por ambos socios, Obrainsa y Astaldi. Ninguno de los dos socios está en posibilidades de seguir financiando el proyecto”, aseguró el consorcio en el comunicado.

INTERVENCIÓN Y RESOLUCIÓN
Dada la paralización del proyecto, el Peihap optó por iniciar una intervención económica y solicitó que el consorcio deposite S/20 millones en una cuenta mancomunada para asegurar la reactivación del proyecto. Al no recibir el depósito, Peihap optó por dejar sin efecto el contrato. “Se ha entregado al contratista la resolución del contrato debido a que han incumplido con el reinicio de las labores detenidas el día 8 de agosto, además de su insistencia con no aceptar la intervención económica”, señaló Vargas Trelles.

El consorcio niega que haya rechazado la intervención económica. “Existe un desbalance patrimonial no imputable al consorcio. Por ello solicitamos que, en el marco de una intervención económica que protege los recursos del Estado, se pudiese valorizar los gastos generales”, afirma el consorcio. De acuerdo a éste, las paralizaciones causadas por el Fenómeno El Niño el año pasado y la falta de energía eléctrica habrían generado mayores costos asociados a un plazo más prolongado de ejecución al calculado.

“El Peihap, con pleno conocimiento de que es imposible que el consorcio deposite S/20 millones a la cuenta de intervención —adicionales a los casi S/100 millones invertidos que causan el desbalance patrimonial—, solicita esos millones adicionales para luego aducir que el consorcio se niega a la intervención”, agregó el consorcio en el comunicado.

El futuro del proyecto se resolvería en un arbitraje. “[El objetivo es] proteger los derechos del consorcio y de los proveedores del mismo, que se están viendo afectados por una mala gestión [del Peihap]”, sentencia el COA.

Fuente: http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/conectividad/315735-obrainsa-astaldi-sobre-alto-piura-ningun-socio-puede-seguir-financiando-el-proyecto/

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